¿Cuánto cuesta el ajuste?

Ningún gobierno quiere llevar a cabo un ajuste de las cuentas públicas. En general el equilibrio presupuestario y la mesura monetaria son mantras que abundan más en medios de comunicación que en la gestión pública en sí. El por qué tampoco es muy complejo de ver: aunque a veces se presente como inevitable, es la tarea más impopular que tiene un gobierno a su cargo. Suele implicar malestar popular, costos sociales, caída de la imagen pública y la intención de voto, entre otras.

La Argentina es un caso aún más complejo. La economía no crece de forma sostenida desde hace más de una década, aspecto que impacta en los elevados niveles de pobreza e indigencia, el aumento de la desigualdad, la ausencia de creación de empleos formales de manera ininterrumpida, caída de los salarios reales, y demases, lo que deja un estado de situación preocupante. Nadie quiere ser la cara visible del “empeoramiento” de un escenario ya de entrada malo.

Sin embargo, como ya es sabido, algo de eso cambió en las últimas elecciones. No es común ver a un candidato hablar sin tapujos de su programa como uno de ajuste brutal y ser validado con millones de votos o la presidencia. Si Menem llegó al poder con su revolución productiva y salariazo, y Macri con su soft kirchnerismo de preservar todo lo bueno y cambiar todo lo malo, el hit de Milei fue “se viene el estallido” rodeado de simpatizantes posando con motosierras. Algo de esta retórica anti-ajuste se rompió en una población harta del caos macroeconómico (y principalmente inflacionario) de los últimos meses del frentetodismo. Javier Milei prometió acabar con el déficit fiscal y hasta ahora lo está cumpliendo. A rajatabla viene mostrando hace meses no sólo superávit fiscal primario, sino también equilibrio financiero (es decir, gastos menos ingresos contando los pagos por intereses de deuda del tesoro). A priori es difícil concluir si esto es per se bueno o malo, aunque al menos lucía como necesario y favorable al clima de época, ya que si observamos las elecciones presidenciales, quitando el FIT, todos los candidatos que alcanzaron las generales esgrimían lo necesario de este saneamiento de las arcas públicas.

Para adentrarnos un poco en el tema también es válida una pregunta: ¿quién(es) paga(n) los platos rotos? Rápidamente se puede comprobar que, como era de esperar, el ajuste no lo paga la casta. Más de la mitad del mismo está explicado por las caídas, en términos reales, de las partidas de jubilaciones, obra pública y prestaciones sociales. Si le sumamos el recorte en las transferencias a universidades nacionales y en subsidios (aquí entran los subsidios energéticos que impactan en las facturas de luz y gas, y los referidos al transporte), tenemos casi la totalidad.

Pero como dijimos, un ajuste es difícil, toca intereses, genera costo social e impopularidad, produce coaliciones contrarias e, incluso, puede llegar a desestabilizar un gobierno. Por eso, en general, vemos que la gran mayoría de los procesos de ajuste estructural buscan compensaciones para los sectores afectados. Parte de la viabilidad política de estos programas reposan en que estos esquemas de compensaciones sean efectivos. 

El gráfico anterior corresponde al politólogo Jonah Levy, que en su trabajo “Exiting Etatisme?” estudia las estrategias de Francia y Japón en los 80s para salir del modelo dirigista estatal de la economía típico del orden de la segunda posguerra. Este fenómeno se ejecuta en un contexto internacional hostil para el dirigismo estatal, mientras emergía con fuerza la globalización y los procesos de integración regional. Para Francia uno de los grandes limitantes fue el Sistema Monetario Europeo y sus límites a la devaluación del franco, mientras que Japón encontró en su relación con los Estados Unidos y los organismos internacionales cercanos a este el mayor impulso hacia la desregulación y apertura. El gráfico muestra el gasto público sobre PBI de ambos países en el momento en que comienzan estos procesos de desregulación y advenimiento de la predominancia de una lógica de mercado, y en dónde se encuentra este mismo indicador veinte años después. Como se puede ver, el ajuste sale caro. Si Francia a principio de los 80s gastaba alrededor del 50% de su PBI, en el 2003 ya este valor alcanzaba el 55%, mientras que Japón pasa de aproximadamente el 32% al 38% en el mismo período. La razón es bastante esperable. El proceso de apertura, liberalización y desregulación en Francia fue bastante radical, país que se caracterizaba por tener un gran Estado planificador y empresarial. Para evitar la conflictividad social derivada del alza del desempleo en este período, el Estado francés se propone construir una amplia red de protección social enfocada en los perdedores de este proceso, por lo que seguros de desempleo, retiros anticipados, una enorme ampliación de la seguridad social y programas de capacitación laboral impulsaron marcadamente el gasto público nacional, en una estrategia que llamará el autor de “anestesia social”. El caso japonés por su parte difiere en la forma pero no en el fondo. Japón opta, en este contexto de fuertes presiones aperturistas, de sostener una política de pleno empleo artificial para evitar los costos de las destrucciones de puestos de trabajo que iba a generar la retirada estatal en la regulación del mercado. Esto llevó básicamente a un fuerte estímulo fiscal a la obra pública y la construcción, y a ampliar la contención laboral de desempleados a partir del empleo público. ¿El resultado? Similar al francés, proceso de ajuste con ampliación del gasto.

Para cerrar no está de más traer a colación el caso argentino. Oscar Oszlak analiza en un trabajo suyo el “mito del Estado Mínimo” durante la época menemista. Los 90s están caracterizados por el reinado del esquema de ideas del Consenso de Washington que buscaban “liberar” las fuerzas reprimidas del mercado, a cargo de Estados hipertrofiados, lentos, demasiado burocratizados e ineficaces. Por ello es normal que, influenciados por los principales organismos internacionales, los países latinoamericanos experimenten procesos durante esta década que buscaban redefinir las fronteras entre el Estado y la sociedad civil/el mercado, ampliando las facultades de este último par. En el caso local, el menemismo fue el actor que llevó a cabo estas reformas que incluyeron desregulaciones, liberalizaciones, tercerización de funciones estatales, privatizaciones y, por último, la transferencia de los servicios públicos de enseñanza y salud a las administraciones subnacionales. Por lo tanto la trampa está a la vista: aunque el gasto público en términos del PBI cayó para el Estado nacional, si miramos el dato consolidado (es decir, estados nacional, provinciales y municipales), vemos que el “Estado mínimo” menemista termina con un mayor nivel de erogaciones que en el período previo. El Estado nacional decidió abandonar ciertas funciones previamente a él atribuidas, como lo era su rol empresarial con una gran cantidad de empresas públicas, su rol regulador y planificador en términos logísticos, por la privatización de trenes, puertos y la eliminación de juntas reguladoras o, lo más importante, su rol en la educación y salud, servicios que transfirió a las provincias y municipios.

Mientras el Estado nacional gastaba más en seguros de desempleo y programas de empleabilidad o protecciones sociales, los estados subnacionales ampliaron fuertemente su gasto público y su planta de personal, por lo que al final del menemato el sector público consolidado terminó empleando y gastando más. El gasto público consolidado aumentó, durante la década menemista, del 30% del PBI al 34,2%.

Karl Polanyi en “La gran transformación”, al estudiar el origen de las sociedades de mercado luego de la Edad Media, afirmaba que ante un proceso de mercantilización de las distintas esferas de la vida, y ante el riesgo aparejado de la explotación del trabajador y la tierra por el afán de lucro del propietario del capital, siempre existiría una respuesta casi que orgánica. El doble movimiento neutraliza los efectos degradantes del mercado autorregulador, es el choque entre los principios reguladores de las fuerzas del liberalismo contra los impulsos de conservación de la protección social, donde ambos están institucionalizados, presentan sus coaliciones y sus propios métodos de acción. Con esto cerramos desde donde empezamos. El ajuste estructural es costoso y tiene a simple vista a sus perdedores que pugnan por ser recompensados. La gestión de Javier Milei ha recortado prácticamente todas las partidas de subsidios, económicas y de protección social salvo una, la Asignación Universal por Hijo. Este programa es de los pocos que en la ejecución presupuestaria de este año muestra una variación real positiva. Claramente el gobierno al que se le acusa de falta de cintura política está buscando amortiguar de alguna manera el efecto social de los violentos recortes fiscales que ejecutó estos meses, una forma de re-regular lo que se desreguló antes. La pregunta queda abierta, ¿alcanza con estas ínfimas compensaciones para comprar la paz social para el experimento minarquista? ¿La paz de los cementerios aguanta con transferencias sociales mientras las jubilaciones, la obra pública y el desempleo explican gran parte del programa de ajuste? El ajuste cuesta, y hoy la disputa política está en ver quiénes pagan los platos rotos.