El laberinto de Milei: la calle como límite de una estabilización en aprietos

Mientras el gobierno libertario lucha por encontrar su plan económico perfecto entre la idea y el pragmatismo, el mercado le mide el aceite y la economía real muestra cada vez más dificultades. La pregunta es cuánto margen más tiene para el plan “aguantar” cuando la calle se pone caliente. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos y un rezo para Trump.

Anuncios van, anuncios vienen, pero la cosa no parece caminar del todo. Lo que al principio de la gestión de Milei parecía ser un ajuste exitoso (al menos dentro de su marco teórico), hoy deja algunas dudas. El absorber la mayor cantidad de pesos en circulación, lograr un agresivo superávit fiscal y financiero, aprovechar los primeros meses de administración con alta inflación debido a la devaluación del peso para licuar el poder adquisitivo de asalariados y jubilados y, por ende, enfriar la economía, se empezó a topar con serias limitaciones. Este primer esquema estanflacionario de devaluación, licuación y tarifazo que le permitió al gobierno cierta holgura. Pudo reducir fuertemente los famosos pasivos del Banco Central y a su vez acumular reservas en dólares, pero empezó a verse la cara con la reticencia del sector agrícola a liquidar sus divisas, mientras que la dura recesión exhibida en la economía real le puso un límite al ajuste, principalmente en el cuadro tarifario y jubilatorio. 

Lo que parecía ser un primer semestre relativamente virtuoso, si tenemos en cuenta que el BCRA pudo engrosar sus reservas internacionales, los bonos soberanos subieron, el riesgo país bajó considerablemente y la inflación comenzó a marcar un sendero descendente, comenzó a esfumarse poco a poco. Lo que era una posición compradora de divisas del Banco Central empezó a aflojar, teniendo en junio una posición vendedora neta. La brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos comenzó a agrandarse, complicando la devaluación mensual pactada del 2%, y el riesgo país empezó a marcar valores preocupantes nuevamente. Por el lado del resultado fiscal, a pesar de que continúa mostrando superávits tanto primario (recursos menos gastos) como financiero (sumado los intereses de deuda pública), comienza a ponerse en veremos su sostenibilidad. En las últimas semanas empezó a notarse que parte del resultado fiscal exitoso fue, en parte, por deudas de CAMMESA (la empresa pública administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, MEM) para con generadoras de energía. Esto fue debido, parcialmente, a la negativa del ministro Luis Caputo de continuar con las actualizaciones de tarifas energéticas dado el golpe en el bolsillo del pueblo argentino. El ajuste fiscal celebrado por el ejecutivo durante los primeros meses del año se debía en una buena parte (más de un tercio del total) por el ahorro en el ítem jubilaciones. Esto se dió debido a que la actualización de haberes de la fórmula previsional de la anterior gestión quedaba muy por debajo de los altos niveles de evolución de la inflación que se experimentaron entre diciembre y los primeros meses del año. La administración Milei impulsó desde este mes una nueva fórmula que busca actualizar las jubilaciones y pensiones mensualmente por el índice de precios al consumidor (IPC) del mes anterior. Así el superávit fiscal pierde a uno de sus mayores aportantes, lo que faltan al final son financistas. Acá es donde entendemos la celeridad del gobierno para aprobar como sea la Ley Bases y el Paquete Fiscal ya que, entre otras cosas, le permitió restituir el Impuesto a las Ganancias para aumentar la recaudación tributaria.

Detrás de la complicación en el plano cambiario está el sector agroindustrial. Según un informe del CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y el CEC (Centro Exportador de Cereales), organizaciones que representan aproximadamente al 40% del mercado, en junio de 2024 la liquidación de divisas del complejo agroindustrial está al mismo nivel de 2023 (11 mil millones de dólares), valor que permite prender algunas alarmas si tomamos en consideración que 2023 fue un año de fuerte sequía. Esto se acentúa cuando vemos que, si tomamos (por cuestiones de estacionalidad) las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de soja y maíz para esta campaña se estiman un 149% y 32% mayores respectivamente contra el año anterior. Aspectos como la relación costos/beneficios, precios internacionales y expectativas de devaluación son algunos de los motivos esbozados para justificar esta “demora” en la liquidación. 

Pero la parte más complicada está en la economía real, en la realidad de las personas. Este experimento libertario que puede esbozar cierto éxito en la reducción de la tasa de inflación, lo logra principalmente por la fuerte recesión que azota el mercado local.

Los números son alarmantes. Desde el inicio de esta nueva gestión la actividad económica continuó el sendero descendente que había iniciado en 2023. Sin embargo la composición  es distinta, mientras que este año el sector agroindustrial es el que empuja la actividad para arriba, durante el año pasado fue el gran factor recesivo en buena parte explicado por la sequía. En 2024 la industria manufacturera fue uno de los sectores más dañados de la economía real, junto con la construcción. El último informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina muestra cómo en mayo 11 de 12 sectores industriales manufactureros mostraron caídas en su producción, a su vez que el uso de capacidad instalada a duras penas supera el 55% y el índice de actividad del conjunto toma valores sólo comparables con la salida de la pandemia. Santa Fe no se escapa a esta lógica: según la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), mayo también fue un mes negro para la industria provincial. De 19 sectores relevados en mayo, 16 mostraron caídas interanuales, siendo 2 de las 3 que aumentaron su producción en el mes pertenecientes a la agroindustria. 

El ajuste fiscal orquestado por el gobierno y la violenta pérdida de poder adquisitivo de la población en los primeros meses del año que impactaron en el nivel de actividad económica trajo consecuencias por dos lados. En primer lugar, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo registra una baja considerable de unidades productivas empleadoras aseguradas desde diciembre de 2023 a abril de 2024. A nivel nacional esta sangría explica la pérdida de unas 8.400 empresas, mientras que en Santa Fe este número es de aproximadamente 900. Por el otro lado hay que ver el efecto en el empleo registrado. Desde noviembre del año pasado a abril del actual se destruyeron aproximadamente 111 mil puestos de trabajo registrados asalariados privados en todo el país y 25 mil públicos, correspondiendo 18 mil a la industria manufacturera, 64 mil a la construcción (aquí también impacta el recorte brutal en obra pública), entre otros. Santa Fe por su parte perdió casi 10 mil empleos asalariados registrados privados en el mismo período.

Un dato interesante está en la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de Economía de la Nación. Ante la pregunta a empresas que realizaron suspensiones en el último mes sobre las razones de las mismas, mientras que en agosto del año pasado el 0,0% respondía que se debía a una caída en la demanda, en mayo del corriente año este número asciende vertiginosamente al 9,3%.


En síntesis, vemos un plan de ajuste que comienza a mostrar sus hilachas en el plano fiscal y cambiario, donde los actores del mercado, que no son precisamente lentos, parecen de a poco ir midiéndole el aceite al ejecutivo. Al “anuncismo” como religión no le están rindiendo mucho culto, tomando más aspectos de un albertismo desenfrenado que de ese libertarismo que se comía el mundo. La propuesta de una nueva fórmula jubilatoria y la posposición de algunos aumentos tarifarios parecen marcar el pragmatismo de un gobierno que sabe que no puede vivir de medidas impopulares por siempre sin mostrar resultados tangibles para una sociedad exhausta. Ante la exigencia de salida del cepo por parte de los mercados en un contexto de menor acumulación de reservas, y el dato de junio de recaudación que muestra una caída fuerte en el IVA (impuesto sumamente asociado a la actividad económica) y de retenciones (demoras en las liquidaciones), La Libertad Avanza comienza a vérselas un poco más complicadas. Hoy por hoy la salida más lógica parece aguantar hasta fin de año y prender algunas velas al triunfo de un Trump sumamente alineado con Milei, que pueda, como ya lo hizo con Macri, interceder ante el FMI para destrabar algo más de dólares frescos para las secas arcas nacionales. Convengamos que Biden se la está haciendo fácil a La Libertad Avanza.

 

Por: Juan Chemez

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